La crisis de seguridad por la que atraviesa México obligó al Consejo Nacional de Seguridad Pública a reunirse, para buscar soluciones a la creciente ola de muertes y secuestros en todo su territorio.
Ahí estuvieron el presidente Felipe Calderón, los gobernadores estatales, el presidente de la Suprema Corte de Justicia y los presidentes de las dos cámaras, entre otros líderes del estado mexicano, así como representantes de organizaciones, de los medios y la sociedad.
A la reunión fue invitado el empresario Alejandro Martí, padre del adolescente que fue secuestrado y asesinado presuntamente por policías, aún cuando recibieron cinco millones de dólares por la liberación del joven Fernando.
Martí dijo al presidente y a los funcionarios que ahí estaban, lo que muchos mexicanos piensan y quieren. Les pidió que renuncien si no son capaces de dar seguridad a los ciudadanos y de acabar con el crimen organizado.
La reunión se realizó ante la presión que están sintiendo los gobernantes por parte de la sociedad mexicana, cansada de tanta violencia, impunidad y corrupción. Una sociedad que se siente traicionada por el cambio de gobierno, desde la elección de Vicente Fox, período en el que el crimen organizado se fortaleció, no sólo cometiendo crímenes de todo tipo, sino también apoderándose de las instituciones.
La Procuraduría General de la República reconoció que tiene identificados 80 municipios secuestrados por el crimen organizado, la mayor parte de ellos en Michoacán, Jalisco y Tamaulipas. Las mafias quitan y ponen a los presidentes municipales, a los jueces, a la policía y administran la industria de la impunidad en el tráfico y venta de drogas, la prostitución, antros de vicio y todo lo que está fuera de la ley. Los empresarios locales tienen que pagarles impuestos a cambio de seguridad, para que no les quemen o les roben sus negocios, para que sus hijos y familiares no sean secuestrados. Funcionan como auténticos estados paralelos.
La petición de Martí hizo que muchos funcionarios bajaran la cabeza para esconder la mirada y sus reacciones de vergüenza, si es que la tienen. Sólo el jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, le tomó la palabra y prometió renunciar si no consigue disminuir la criminalidad en la capital del país. Los demás se quedaron callados mirando al piso.
Martí hizo saber a los funcionarios que al ser elegidos dejan de pertenecer a sus partidos, porque México es el partido único al que deben servir. Parecía un duro reclamo contra Ebrard, que se niega a reunirse con Calderón para buscar soluciones a la criminalidad en la ciudad de México. La lealtad de Ebrard por Andrés Manuel López Obrador no le permite reunirse con el presidente a solas, porque un ala de su partido el PRD, sigue sin reconocer a Calderón como presidente de México.
El ex secretario de seguridad del gobierno de Fox, Alejandro Hertz Manero dijo en una ocasión, que combatir al crimen organizado era combatir a los órganos de seguridad y justicia de México. ¿Por dónde recomenzar entonces, si estamos viendo que la guerra entre el ejército y la policía contra los narcos, no está dando buenos resultados? Por el contrario, los agentes y militares violan los derechos humanos de los ciudadanos; las calles están tomadas por soldados y policías que miran a los residentes como si ellos fueran los criminales. Según datos del periódico El Universal, los sicarios del narcotráfico ejecutan a una persona cada tres horas. En los primeros cinco meses de este año había más de mil muertos. Las cifras insensibilizan cada vez más a la opinión pública y los gatilleros no tienen ninguna compasión cuando asesinan a sangre fría a niños, ancianos, mujeres, sacerdotes, a quien sea, no tienen respeto por la vida ni por nada. Son como bestias deseosas de sangre.
La lucha contra el crimen organizado está diseñada con las mismas viejas tácticas del ejército romano, en base al poderío militar y al número de soldados que se ven por todas partes en calles y carreteras. Sin duda se necesita de ese poderío militar para enfrentar a las bandas de delincuentes, armadas con metralletas que los policías locales no tienen. Pero la administración Calderón no ha incluido hasta ahora en la estrategia, el paso más importante y definitivo para acabar de raíz con el poder del narco: la inteligencia financiera.
¿Por qué hasta ahora no se ha reestructurado adecuadamente el sistema bancario para evitar el lavado de dinero? ¿Por qué no existe un control estricto de los negocios sospechosos de pertenecer al crimen organizado? Sin duda porque se afectarían los intereses de muchos funcionarios gubernamentales. Pero el gobierno sabe que ese paso es imprescindible y que tarde o temprano tendrá que darlo, como sucedió en Colombia. Bloquear el dinero del narcotráfico es la forma más eficaz de reducir el poder que las mafias tienen para comprar armas, para extorsionar a policías y funcionarios, para pagar la droga y transportarla.
A la lucha armada y a la inteligencia financiera debe agregarse además una modernización de la Constitución y del Estado mexicano. Como bien dice Hertz Manero, el estado mexicano se maneja con las estructuras de la época del presidente Plutarco Elías Calles. Las leyes de México fueron hechas en aquel tiempo para servir al Estado y para vigilar y controlar al pueblo. La nación estaba dividida y con rebeliones que parecían imposibles de pacificar. La policía servía con los ojos cerrados al gobierno. El sistema de control absoluto por parte del callismo consiguió su objetivo hace más de ochenta años, pero eso ya no funciona. La descomposición ha permitido que la policía sirva ya no sólo al Estado, sino también a los intereses particulares de los empresarios y acaudalados y lo peor de todo, al narcotráfico y al crimen organizado. Los asesinos de Fernando Martí son policías. Los tiempos cambian, ahora es la ciudadanía la que debe tomar el control del Estado y vigilarlo de cerca. Las reformas a la Constitución deben dar la vuelta a las funciones del Estado. Las fuerzas de seguridad no deben responder más a las necesidades de ese Estado, ni de los intereses privados, ni mucho menos del crimen organizado. Las leyes y los jueces y los sistemas de seguridad deben responder más que nunca, a las necesidades de los mexicanos, con absoluta transparencia.
La reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública es un
primer paso para buscar soluciones y por ningún motivo debe quedarse
sólo en eso, en una reunión y en palabras. Los mexicanos están
hartos y pedirán cuentas a los políticos, jueces y policías
sobre su ineptitud y corrupción, primero con manifestaciones como
la del 30 de agosto y después, organizándose para no permitir
que siga creciendo el cáncer y la putrefacción en los tres
poderes de la nación. Se prevén tiempos de amputaciones.
(Ruvalcaba es escritor y periodista. Actualmente trabaja como redactor de
KVEA Telemundo Los Angeles. Tiene tres libros publicados y fue parte del
equipo de editores del diario La Opinión de Los Angeles, así como corresponsal
del diario mexicano La Jornada en España).
